Los concursos de acreedores aumentarán un 50% en Asturias por la crisis del coronavirus
Los administradores concursales prevén que este año se presentarán 181 procedimientos frente a los 120 del ejercicio anterior.
«Un tsunami de procedimientos concursales» llegará en los próximos meses si las previsiones de los profesionales de este ámbito se cumplen. «La excepcionalidad de las medidas adoptadas por causa del coronavirus ha convertido el rumor de una crisis en evidencia» y el impacto hace temer un escenario devastador en el tejido empresarial. Así lo augura la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que ha hecho un cálculo de los procedimientos que podrían registrarse en la región este año.
Tomando en consideración los datos relativos a la crisis de 2008 y la evolución de estos procesos en 2009, estima que en Asturias se presentarán «un total de 181 concursos de acreedores en 2020, con el agravante de que la mayoría se concentrará en el segundo semestre». Es decir, un 50% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 120. Una previsión que resulta de cruzar datos del Instituto Nacional de Estadística y Gioconda -software para la gestión de concursos de acreedores- y no arroja un resultado esperanzador. «Si comparamos la evolución de los concursos declarados entre 2008 y 2013, las estadísticas son alarmantes», apunta Carlos Caicoya, abogado asturiano y miembro de Aspac, quien, no obstante, insiste en que se trata de «una mera estimación» y que la misma depende de múltiples variables «que no pueden siquiera imaginarse».
La previsión es que, de esos 181 concursos que calcula Aspac, 91 correspondan a personas físicas y los 90 restantes a personas jurídicas o empresas. Sería la segunda cantidad más elevada desde 2007. Solo en 2012 se superó esa cifra, al alcanzar los 197 concursos. En el marco de la pandemia, Caicoya establece una tipología de empresas. Por un lado están las inmunes, que son aquellas cuyos sectores no se ven afectados e incluso podrían salir reforzadas de esta crisis. Por otro, las asintomáticas: las que, a pesar de verse afectadas negativamente, disponen de fondos saneados y reservas para afrontar el golpe o pueden capear la crisis con medidas que les permitirán abordar la situación hasta la vuelta a la normalidad.
Efecto cascada
Por último, distingue a las empresas infectadas, que son las que se han visto inmersas en una coyuntura de insolvencia irreversible. Las empresas asintomáticas «pueden ser inicialmente viables por sí mismas y terminar precisando ampliar su endeudamiento o reestructurar su deuda», concreta el representante de Aspac en Asturias. Son las más importantes, señala, ya que de ellas depende el mantenimiento del tejido empresarial. Sin embargo, la prolongación del estado de alarma, la adopción de medidas inadecuadas o el temible efecto cascada podrían llevar a estas empresas al grupo de las infectadas.
Ante el más que probable colapso de los juzgados, la asociación desaconseja a las empresas asintomáticas que se acojan al concurso de acreedores. Desde el área de concursal del despacho de Viliulfo Díaz, plantean «hacer uso de las facilidades a la financiación que están aprobando las administraciones públicas». Si esto no fuera suficiente, habría que entablar negociaciones con los acreedores para reestructurar la deuda, «siendo aconsejable ponerlo en conocimiento del juzgado, haciendo uso del conocido como preconcurso». Caicoya añade que, en el caso de verse obligadas a solicitar el concurso, es mejor hacerlo «tras haber alcanzado un convenio con sus acreedores o procurando la venta de la unidad productiva». Respecto a las empresas infectadas -que no pueden atender el pago de sus deudas-, «todas tienen la obligación legal de solicitar su concurso de acreedores», recalca. En caso de no hacerlo en plazo, sus administradores podrán responder con su patrimonio de las deudas de la sociedad.
En cuanto a las personas físicas, tanto autónomos como consumidores insolventes, señala que la ley de segunda oportunidad (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho) «sigue siendo desconocida por muchas personas que podrían beneficiarse de sus efectos». Sobre los dos millones de empleos ‘sumergidos’, «serán los peor parados, ya que, además de ser desconocidos, no se ha previsto ninguna medida destinada a paliar su maltrecha situación». Así las cosas, «el mayor riesgo es la imprevisión, que mucho nos tememos puede llevarse por delante numerosas empresas», apuntan desde el despacho de Díaz.
Fuente: https://www.elcomercio.es/economia/
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